«...la persona que me interrogaba perdió la paciencia, se enojó diciéndome: «Vos no sos un guerrillero, no estás en la violencia, pero vos no te diste cuenta que al irte a vivir allí (en la villa) con tu cultura, unís a la gente, unís a los pobres y unir a los pobres es subversión. Alrededor de los días 17 ó 18 volvió el otro hombre que me había tratado respetuosamente en el interrogatorio y me dijo: «...usted es un cura idealista, un místico, diría yo, un cura piola, solamente tiene un error que es haber interpretado demasiado materialmente la doctrina de Cristo. Cristo habla de los pobres, pero cuando habla de los pobres habla de los pobres de espíritu y usted hizo una interpretación materialista de eso , y se ha ido a vivir con los pobres materialmente .En la Argentina, los pobres de espíritu son los ricos y usted, en adelante, deberá dedicarse a ayudar más a los ricos que son los que realmente están necesitados espiritualmente». (Testimonio del sacerdote Orlando Virgilio Yorio, Legajo N° 6328, Nunca más).
A lo largo de todo el siglo XX hubo dictaduras en América Latina (ejecutadas por las Fuerzas Armadas con el apoyo e impulso de los sectores civiles dominantes) que básicamente compartieron el objetivo de conservar los aspectos centrales de un orden social que garantizaba, para los sectores poderosos, sus beneficios económicos. Con las conocidas consecuencias: pobreza, desempleo, analfabetismo, desnutrición, bajos niveles de salud, mortalidadinfantil y hambre. Todo ello sin que ninguna de las institucciones de la democracia pudiera ejercer control, ni el Legislativo ni el Judicial (este último con algunas honrosas excepciones).
Todas tuvieron en común, además, la censura, la represión y la violación de los derechos humanos. Estos grupos económicos y sus cómplices militares impulsaron no sólo la transformación económica mencionada, sino que lo hicieron ejerciendo la violencia armada sobre toda la población. Un ejemplo de los más dramáticos de esta complicidad, que permitió el control de los medios de comunicación más grandes y por lo tanto, de la información, fue la compra en nuestro país, por parte de Clarín, la Razón y La Nación, de Papel Prensa mientras estaban secuestrados sus legítimos dueños, la familia Graivier. De eso modo se consolidó un gran negocio que continua hasta la actualidad y que anuló el derecho a la libertad de expresión y de información a tod@s los ciudadanos.1
En la Argentina, además, implicó, como consecuencia del terrorismo de Estado de la última dictadura, la detención y desaparición de 30.000 ciudadanos y el robo de sus hijos, entregados a los apropiadores. De ellos, más de 400, sólo se han recuperado 101. Cientos de ellos eran escritores y periodistas que pagaron con su vida la defensa de la libertad de expresión.
Estas acciones de represión sobre civiles ya habían tenido diversos antecedentes en dictaduras anteriores (e incluso, en gobiernos supuestamente democráticos), recordemos algunas, como la política de “pacificación del país” de Mitre y sus coroneles, que dejó como saldo además del exterminio del pueblo paraguayo, unos 4.728 muertos en las montoneras (el país tenía entonces menos de dos millones de habitantes)2; las represiones a los obreros en la Patagonia y durante la Década Infame; los bombardeos del 55 sobre Plaza de Mayo o los asesinatos de José León Suárez denunciados por el periodista Rodolfo Walsh en Operación Masacre; la Triple A.
Eso, por no mencionar los cerca de 650 combatientes muertos en Malvinas en el 82. Una guerra que un gobierno democrático probablemente jamás hubiera impulsado y, que en caso de querer declarar la guerra, debe, de acuerdo a la Constitución Nacional, ser autorizado por el Congreso (Art. 75, Inc. 26), es decir, por los representantes del pueblo.
COMUNICADO Nº 19, 24 de marzo de 1976
Respecto a los medios, el mismo día 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe en su comunicado N° 19 hizo saber que sería «reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales».
Como consecuencia se intervino militarmente a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras y se requisó haciendo incinerar numerosos libros de bibliotecas privadas y públicas, además de la ocnfección de listas negras de libros, autores y textos escolares.Como hemos dicho, un gran número de periodistas sufrió la prisión, la desaparición o la muerte.
Calumnias e injurias
Además de la sanción en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, frenada en este momento por unos jueces cuya legitimidad y ecuanimidad está siendo seriamente cuestionada, en noviembre del años pasado el Gobierno acusado de autoritario promovió el proyecto (finalmente aprobado por el Congreso) para despenalizar las calumnias e injurias, con lo que satisfizo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. La Corte falló respecto del caso del periodista Eduardo Kimel, condenado en 1991 (gobierno de Carlos Menem) a un año de prisión y a pagar una indemnización por criticar la actuación de un juez en un libro sobre la llamada Masacre de San Patricio, una investigación del asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos, ocurrido en julio de 1976 en una iglesia del barrio porteño de Belgrano. Esta inciativa, largamente reclamada por quienes defienden la libertad de expresión y los trabajadores de prensa fue destacada por el Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York.
Cintia Rogovsky, 4 de mayo del 2010.
ALGUNOS DE LOS PERIODISTAS SECUESTRADOS Y DESPARECIDOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO, VER EN DISTINTAS FUENTES:
http://www.desaparecidos.o
1. Ver más: http://www.elargentino.com
2. Cfr. Duhalde, Eduardo Luis, Contra Mitre. Los intelectuales y el poder: de Caseros al 80, Punto Crítico, Buenos Aires, 2005.
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